Políticas públicas para el abordaje de la violencia de género

La Plata, 10/09/20.- Días pasados, la directora de Vinculación, Gestión y Planificación de Políticas Institucionales, Valeria Sampayo, participó del ciclo de conferencias organizado por la Fundación de Estudios para la Justicia (FUNDEJUS), sobre “Políticas Públicas para el Abordaje de la Violencia de Género”.

La jornada estuvo a cargo del defensor del Pueblo bonaerense y representante ante del Observatorio de Derechos Humanos de las Defensorías del Pueblo de UNASUR, Guido Lorenzino, y contó con la presencia de la jueza de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Zárate-Campana, a cargo de la Oficina de la Mujer de FUNDEJUS y replicadora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Perspectiva de Género, María Pía Leiro; y la integrante del Consejo de Administración de FUNDEJUS, Laura Cuñarro, entre otros.

Pensar al Estado en clave de género, a través del análisis preciso de diversas políticas públicas es una cuestión primordial para interpelar a la violencia entre el ámbito público y el ámbito privado.

En el transcurso de la jornada Lorenzino señaló: “Las raíces de la violencia de género se hallan en la construcción de disímiles roles y comportamientos, determinados social y culturalmente para las personas, según el género al que pertenezcan. Una sociedad libre de violencia de género no es posible sin que estemos todos involucrados y, por eso es fundamental que quienes la integren asuman la responsabilidad”.

Lorenzino, como Defensor del Pueblo tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes, frente a los hechos u omisiones de la administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que practiquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones.

También se abordó la aplicación de la Ley Micaela en los diferentes municipios de la Provincia, la importancia de la realización de talleres de sensibilización y capacitación en todos los ámbitos, y en especial, de las poblaciones más vulnerables. Se trató la necesidad de que los operadores de la Justicia actúen e interpreten con perspectiva de género a la hora de investigar, juzgar, asesorar, defender, para lograr una mejor administración que reconozca los derechos de las mujeres.

La violencia contra las mujeres no es un asunto privado, es una violación de los Derechos Humanos y, por lo tanto, una cuestión de Estado. Por eso, este está obligado a cumplir con las obligaciones internacionales que asumió pertinentemente al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

“Estos documentos componen los instrumentos jurídicos más significativos para la protección de los derechos humanos de las mujeres. Lo esencial es trabajar en la toma de conciencia y que se extienda hacia más personas para poder cambiar todas las formas de comportamientos y no ser parte en la desigualdad de género en ningún espacio”, concluyó Sampayo. 

VS/MTD