La Provincia llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA su política judicial y penitenciaria

Washington, 29/10/14. En la audiencia realizada hoy en Washington, la delegación del gobierno de Daniel Scioli expuso detalles del proceso de transformación del sistema de justicia penal que viene desarrollándose junto con el sistema penitenciario. Además anunció el envío de una Ley que crea el Mecanismo Provincial contra la Tortura. Y presentó los resultados de las medidas implementadas en esa materia

 

El subsecretario de Política Criminal, César Albarracín y la jefa del Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini, expusieron hoy ante la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos, un amplio informe en el que detallan la política que la Provincia ha llevado adelante en materia de transformación del sistema penal y penitenciario con el eje en políticas de inclusión, derechos humanos, justicia y seguridad; además de las estadísticas en materia carcelaria.

El informe presentado por el Gobierno bonaerense detalla que las casi 70 leyes de política judicial, además de reformas y programas de humanización e inclusión para personas privadas de la libertad conforman de manera integral la política impulsada desde la Provincia en consonancia con lo que marca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nivel internacional.

Albarracín y Piermarini explicaron que esta política integral impulsada por el gobierno de Daniel Scioli y materializada desde el ministerio de Justicia por el ministro Ricardo Casal busca una “complementación entre  el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y la necesidad de dar respuestas razonables y eficaces a las demandas ciudadanas”.


Reducción de índices y más inversiones

En materia penitenciaria, el equipo que representó a la Provincia ante la CIDH informó sobre el incremento exponencial que ha tenido el presupuesto para el área penitenciaria, que para 2015 prevé un 63% lo que permitirá el año próximo nuevas inversiones en infraestructura, logística y tecnología.


En el informe detallaron que desde el año 2004 a la fecha se incorporaron casi 11.000 nuevas plazas penitenciarias, habiéndose 16 nuevas Unidades Penitenciarias 7 Alcaidías Departamentales  y 104 viviendas del programa “Casas por Cárceles”  a la vez que se rehabilitaron pabellones que se encontraban clausurados y se realizaron mejoras, ampliaciones y refuncionalizaciones en otras dependencias.


Además anunciaron que se construirán dos Unidades Educativas y de Formación laboral en Lomas de Zamora y Campana que generarán 792 nuevas plazas. A ellas deben sumarse las 305 plazas que se habilitarán con la construcción de las Alcaidías Departamentales de Campana, General Rodríguez, San Nicolás y Necochea más la ampliación de las Alcaidías de San Martín y Lomas de Zamora.

Además, la Provincia adelantó en el informe que pretende ampliar en 500 el número de prisiones domiciliarias con monitoreo electrónico, lo que ampliará también el número de plazas. Estos casos se aplicarían a aquellos casos mayores de setenta, enfermos incurables en periodo terminal o mujeres embarazadas o con hijos menores de cinco años.

La Provincia anunció además que se mantuvieron estables y con tendencia a la baja las tasas de prisionización. En los últimos diez años el incremento porcentual en el total de detenidos fue del 7% mientras que en la década inmediata anterior había sido del 145% al haberse pasado de 12.223 a 29.961 detenidos.  La Provincia tiene hoy una tasa de detención en cárceles de  195 cada 100.000 habitantes, de manera que las tasas de prisionización se redujeron un 5 % en la última década diferencia de la evolución que han tenido en esta materia la mayoría de los países de la región.


En relación a los presos sin condena, la provincia informo que se redujeron a la mitad los porcentajes. En la actualidad, del 56% de detenidos que aún no tienen sentencia firme, el 45% (casi 8.000 detenidos) ya tuvo juicio y se encuentra con condena de primera instancia.


Otro punto abordado fue el de muertes traumáticas dentro de penales. El informe presentado ante la CIDH explica que se redujo de una tasa de 25 fallecidos cada 10.000 internos en el año 2004 a la proyección actual de 10 cada 10.000.


Reformas Judiciales

Como parte de la política integral, la Provincia en su informe también dedicó un capítulo a las reformas en materia judicial. Entre las medidas enumeradas por la delegación provincial se enumeró la profundización del sistema de enjuiciamiento acusatorio,  que instauró la oralidad en todo el proceso, incluso la etapa preliminar y de ejecución de la pena; la persecución del delito complejo y la delincuencia organizada, con la creación de fiscalías especializadas y cuerpos de investigación con competencia específica en narcotráfico, delitos complejos, trata de personas, lavado de activos y cibercrimen.


Además como parte de esta reforma se consigna la agilización de los procesos mediante el sistema de flagrancia basado en un sistema de litigación y decisión en audiencias orales y públicas y la puesta en marcha del fuero especializado de responsabilidad penal juvenil. La autonomía de la Defensa Pública, la policía Judicial y el Juicio por Jurados y la aplicación de medios alternativos de resolución de conflictos completan esta serie de reformas.


Mecanismo de Prevención de la tortura

La audiencia también como marco para el anuncio además del envío a la Legislatura bonaerense de un proyecto de Ley en el que se crea un Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura destinado a fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas que se encuentran privadas de libertad  y apuntando al mejoramiento de las condiciones de su detención; adhiriendo de esta manera a convenciones nacionales e internacionales.
 
El proyecto plantea que este mecanismo, integrado por organismos gubernamentales, no gubernamentales y el Poder Judicial realizará visitas de inspección, recopilará información relevante, implementará un registro provincial de casos de tortura y otros tratos, y diseñará políticas para la prevención de la tortura y cooperará en la capacitación del personal de fuerzas de seguridad, penitenciarias y policiales, entre otros puntos.


El Mecanismo Provincial estará compuesto por 17  miembros donde estarán representados el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las universidades, las organizaciones de la Sociedad Civil y los Colegios de Abogados.

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